Avance de las políticas de Estado en las cuatro áreas estratégicas
“Hay que sacarse de la cabeza que la seguridad pública pasa sólo por el Ministerio del Interior” “Hay que sacarse de la cabeza que la seguridad pública pasa sólo por el Ministerio del Interior”, dijo el Diputado Jorge Orrico, del Frente Amplio, integrante de la comisión interpartidaria que trabaja en torno a cuatro políticas de Estado: seguridad, educación, energía y medio ambiente, en el evento de ACDE realizado el martes 20 de julio. “El 90% de los homicidios ocurren en las casas, sin hablar de las violaciones, donde la mayor parte de los violados son niños, en las casas”, expresó Orrico. Los otros integrantes de la comisión interpartidaria que participaron en el evento fueron el Diputado Álvaro Delgado (Partido Nacional), que expuso sobre energía, el doctor Robert Silva (Partido Colorado) que habló sobre educación y el profesor Agustín Courtoisie (Partido Independiente) que habló sobre medio ambiente.
Agustín Courtoisie El profesor Agustín Courtoisie, que habló sobre medio ambiente, comenzó confesando que a la comisión interpartidaria le preocupaba el hecho de que el trabajo elaborado haya tenido tan poca difusión pública, y haya generado tan poca repercusión en los medios de prensa. Explicó el fenómeno con lo que Giovanni Sartori llama el “homo videns”, “donde una imagen o el espectáculo convoca mucho más que ideas como las que trató la comisión”. Advirtió que él integró la comisión como ciudadano, en representación del Partido Independiente, y no como técnico. Dijo que el documento acordado ya está colgado en internet, en diferentes portales, por lo que “yo vengo acá como el tipo de la feria, que no fabrica el queso sino que lo vende, y te da a probar un pedazo para entusiasmarte a comprarlo”. Junto con el documento hay un anexo, que Couroisie calificó de “muy importante”. Dijo que en Uruguay suele confundirse “medio ambiente con cambio climático, cuando el cambio climático fue uno de los ejes que trató la comisión, pero los otros ejes son tan importantes. La comisión trabajó sobre cuatro ejes: el primero es la gestión ambiental, el segundo el cambio climático, el tercero la comunicación en temas ambientales y el cuarto la institucionalidad ambiental”. Respecto al primer punto, la gestión ambiental, la comisión acordó que “deben definirse indicadores ambientales urbanos, con la construcción de índices a partir de indicadores. La noción de huella ecológica es muy importante, pero lo que uno se pregunta es si eso tiene utilidad práctica para la vida cotidiana de hoy. Por eso preferimos referirnos a cosas más concretas, como la cantidad de residuos sólidos que se generan en la ciudad de Montevideo, o la contaminación de los cursos de agua”. En cuanto al tercer eje, la comunicación y la participación pública en temas ambientales, el expositor señaló el ejemplo de lo que sucedió en Gualeguaychú, con la planta de Botnia, “que es un fenómeno psicosocial, o sea en esto la comunicación ha tenido un rol protagónico. Tanto es así, que hay gente que como se vio en el dictamen del Tribunal de La Haya , no acepta el dictamen de un tercero, no acepta que un tercero dirima una cuestión en pugna. Hay gente que no cree que deba haber una tercera instancia, como es la justicia, y esto es psicosocial, es apostar, en última instancia, a la justicia por mano propia, y por todo esto, la comunicación es clave en los temas medioambientales”. En cuanto a la institucionalidad ambiental, el cuarto eje, la comisión acordó que debe haber un texto ordenado de lo ambiental. Courtoisie dijo que “el tema del cambio climático parece ser el más popular, parece tener más fuerza que los otros, pero los otros temas resultan más acuciantes. Incluso hay una gran polémica sobre el calentamiento global, o sea no se trata de un tema que tenga un absoluto consenso. Hay trabajos que cuestionan esta exigencia a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y en un mundo que vio caer todas las grandes recetas, pues el cambio climático llenó de sentido a mucha gente. Pero ¿no resulta más acuciante qué hacer con los residuos sólidos en las ciudades?”, se preguntó. Por eso, explicó Courtoisie, el Partido Independiente, en el seno de la comisión interpartidaria, propuso pensar el ambiente “en forma inversa: no empezar con el cambio climático, sino ir a lo cotidiano. Hablar y analizar el proceso de los residuos sólidos, o el problema ambiental que generan los clasificadores o hurgadores. Hay 240.000 personas en Uruguay en situación de emergencia habitacional, hay 400 asentamientos en Montevideo, 700 en todo el país, o sea, no estamos en la misma situación de Estados Unidos o China, que se deben preocupar por el efecto invernadero, sino que en nuestro caso, primero está lo otro, estas miles de personas en situación grave”. El expositor citó a Vaz Ferreira, cuando habla de la propiedad de la tierra, “y diferencia la tierra de producción de la tierra de habitación. Es muy poco adecuado repartir la tierra de producción, que eran consignas de los años 60, y cuya inoperancia es más por eficiencia que por justicia. Pero la tierra de habitación es diferente. Vaz Ferreira hablaba del derecho que toda persona tiene a permanecer en un lugar, ocupar un pedazo de tierra sin pagar precio. Eso no implica la casa, porque la casa cuesta. Pero la tierra está hecha y hay mucha tierra disponible, pero siempre que la ocupación sea legal. Ahora existe en nuestro país una enorme informalidad, y entonces la gente ocupa tierras donde no hay saneamiento, o terrenos que tienen sustancias nocivas. El Estado paga por la plombemia, entonces hablamos de tierra para habitar antes que del calentamiento global”. Agustín Courtoisie concluyó señalando que “una ciudad inorgánica es una ciudad fragmentada, mientras que las ciudades orgánicas, a las que apuntamos, son desfragmentadas”. Álvaro Delgado “Este fin de semana llegué de un viaje por Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado, y donde iba, hablaba de esta comisión interpartidaria que acordó sobre estos cuatro grandes temas, en particular sobre energía, con un horizonte de 30 años, y se sorprendían, porque en otros países es imposible lograr un acuerdo semejante”, comenzó señalando el diputado Álvaro Delgado, del Partido Nacional. “Debemos recordar que, en temas energéticos, el corto plazo es a cinco años, y el documento que elaboramos es hasta el 2030, o 2040”. En Uruguay “el 56% de la matriz energética es el petróleo. Y en el documento se establece que debemos apuntar a generar autonomía energética. La democracia, como la salud, o la energía, se valora cuando se pierde. Valoramos la energía cuando vienen los cortes, las restricciones. En el 2006 la energía hidráulica, que era el 76% de la matriz energética, bajó al 43%. Esto habla de la vulnerabilidad de nuestra matriz energética. Dependemos demasiado de la energía limpia y barata, la hidráulica, que no es firme, porque depende de las lluvias y tiene poca capacidad de almacenamiento”. Delgado reconoció que cuando el Presidente Mujica habló de la comisión interpartidaria para elaborar políticas de Estado, “nosotros lo miramos con cierto escepticismo, en términos de energía. Pensábamos que llegaríamos a una declaración vaga, que a la postre generaría frustración. Que llegaríamos a parodias de acuerdos, y no a acuerdos que le interesan a la gente, a la industria, al comercio. Culminamos el documento dos días antes del 1º de marzo, y llegamos a la mesa de la comisión sin que hubiera ningún tema vedado, como nos dijo el gobierno. Y esto debemos reconocerlo, nuestro escepticismo no tenía fundamento”. El acuerdo al que se arribó tiene cuatro ejes, aunque en algunos temas no se logró acuerdos. “En Uruguay la demanda por energía eléctrica crece un 4% por año, y es tendencial, y esto sin contar Botnia ni los nuevos proyectos de inversión, entre los que hay muchos electrointensivos. Y los nuevos inversores siempre preguntan, además de la garantía legal, cuál es la garantía energética”. Respecto al acuerdo, “tenemos reniones periódicas para hacer el seguimiento del documento, tanto en el seno de Diputados, como todas las novedades que deben agregarse al documetno. Nos fue muy grato advertir que cuando asumieron todos los directores de los entes, y el Ministro de Industria, Energía y Mineria, se refirieron al acuerdo logrado. Porque es un acuerdo para este gobierno y para los próximos, porque es a 30 años”. El primer eje del documento es el institucional. “Los actores del mundo energético son el Estado como órgano rector, las empresas públicas energéticas, las empresas privadas y los organismos reguladores. Hablamos en el documento de gestión empresarial independiente. En energía yo me defino como un liberal progresista, o sea creo en la competencia energética pero con un Estado como competidor fuerte y eficiente”. En el documento se habla de “transparencia de la gestión contable. O sea saber, en UTE, cuáles son los balances, para saber si hay subsidios entre los diferentes negocios de UTE y conocer cómo se procesan, por qué, ¿cuál banca a cuál?”. En el documento “hablamos de fortalecer a Ancap, para un escenario futuro. queremos que Ancap compita eficientemente. En este punto discrepamos con el Frente Amplio, que no entiende que sea oportuna la libre competencia en los refinados del petróleo, por ahora. La ley del 97 del marco regulatorio establecía los peajes, porque no hay monopolio en la generación pero sí hay monopolio en la transmisión, y entonces UTE debe poder prestar las líneas a otros mediante peajes, y esto hay que estipularlo”. En el documento, dijo Álvaro Delgado, “se establece que hay que generar marcos regulatorios en otros combustibles que hoy no lo tienen, como el gas. Establecimos que debemos rediscutir las tarifas de todos los energéticos, que reflejen costos reales y transparentar algunos subsidios”. Se habla en el documento, asimismo, “que el concepto de eficiencia energética se incorpore a todos los actores, desde las empresas públicas hasta los hogares. Promover el transporte ferroviario y fluvial, porque es muy eficiente en términos de energía. Promover el recambio de la flota de transporte pública para tornarlo más eficiente en términos energéticos”. Otro eje del documento, explicó Delgado, “es el social, la universalización del uso de energía, con 100% de electrificación rural en el interior”. A su vez otro tema importante “son los 80 millones de dólares anuales que se pierden por hurto de energía. Están los que pueden y no pagan y están los que no pagan porque no pueden pagar. Para los que no pueden pagar, hablamos de una canasta energética en el marco de las políticas sociales pero con alguna contraprestación, estableciendo la cultura del pago y de la formalidad. Al mismo tiempo se plantean incentivos para los buenos pagadores”. Delgado concluyó destacando, del documento, “lo que tiene que ver con la educación, con utilizar la energía con moderación y eficiencia, en un documento que establece los qué, y no los cómo”. Jorge Orrico El miembro de la comisión interpartidaria Diputado Jorge Orrico, del Frente Amplio, que se refirió al tema seguridad, dijo que “en Uruguay todos damos por hecho que sabemos lo que es el tema de la seguridad pública, pero en verdad no se sabe”. Dijo que la “perplejidad del mundo contemporáneo no se agota sólo en el delito. En todas las sociedades de todos los tiempos siempre hubo quienes infringen la ley. Siempre están los que atentan contra la norma”. Utilizó una definición de la seguridad pública, que señala que “la seguridad pública es un derecho humano fundamental que se realiza plenamente cuando el individuo no experimenta temor”. Haciendo un comparativo de los delitos, dijo que desde el año 1995 hasta el 2009, el promedio de homicidios en Uruguay es de 212 por año. “Hay los que se llaman homicidios instrumentales, ‘te mato para robarte', pero entre el 85% y el 90% de los homicidios se da entre conocidos. La primera causa de homicidios es lo que se llama ‘cuestiones de momento', luego le siguen los ‘afectivos' o ‘pasionales', y muy lejos está el homicidio instrumental”. Explicó que mientras en Uruguay hay en promedio 212 homicidos por año, “los accidentes de tránsito dejan 439 muertos por año de promedio, entre 1995 y el año 2009, y el suicidio tiene un promedio de 540 muertes por año, en estos últimos 15 años, lamentablemente un nivel de países desarrollados como Suecia, que son los que tienen mayor frecuencia de suicidios. O sea si se suman los muertos por el tránsito y los suicidios, tenemos 979 muertos por año, o sea las conductas no ilícitas generan cinco veces más muertes que los resultados letales del homicidio. Pero sin embargo la percepción de la gente no es ésta. Por eso la comisión interpartiaria dijo que hay que hacer políticas claras en lo que tiene que ver con la prevención de accidentes y suicidios. El 90% de los homicidios ocurren en las casas, sin hablar de las violaciones, donde la mayor parte de los violados son niños, en las casas. O sea hay que sacarse de la cabeza que la seguridad pública pasa sólo por el Ministerio del Interior”, enfatizó. Respecto a los delitos contra la propiedad, hurtos y rapiñas, dijo que “en el caso de los hurtos, hubo 54.000 en el 95 y 95.000 en el 2009, aunque en el caso de los hurtos, no así en las rapiñas, se percibe una situación de meseta desde el año 2004”. Pero con estos números, dijo Orrico, “debemos preguntarnos qué sucedió en Uruguay. Cuando yo era niño, mi madre dejaba las botellas de leche en el escalón de afuera, y dejaba la plata para el lechero, que se cobraba y devolvía el vuelto. El diariero dejaba un cajón con palta en la esquina, para que cada uno pagara y se cobrara el vuelto del diario. O sea lo que ha sucedido en Uruguay es muy complejo y no se arregla con una ley. Es un tema de integración social, o sea no es que no haya ricos y pobres, sino que todos respeten las leyes de juego”. “¿Cómo pasamos de la sociedad que dejaba la plata afuera, a la de las rejas y alarmas y seguridad privada? Sin duda que hay muchas respuestas, que pasan por la pobreza, el desempleo, jóvenes entre 13 y 18 años que no estudian ni trabajan, que hoy por hoy llegan al 11%. Y hay otros factores a tomar en cuenta, como por ejemplo el hecho de que los menores de 13 años son los mayores espectadores de telenovelas, y un niño uruguayo ve, en promedio, cuatro horas diarias de television, siendo que los niveles socioeconómicos más bajos ven más que los otros”. El diputado y abogado Jorge Orrico dijo que la comisión empezó definiendo qué era una política de Estado, “y la definimos diciendo que es una política que supera la administración. El ejemplo más perfecto es la reforma vareliana, que comenzó a fines del siglo XIX y sigue tan fuerte como siempre. A su vez son políticas que involucran a todos los aspectos del Estado. Queremos una policía eficiente, pero también una enseñanza eficiente, que cree un Uruguay inteligente, que promoverá la integración para evitar conductas inadecuadas”. A su vez, dijo el expositor, “para que hayan políticas de Estado deben estar involucrado todo el sistema político, y yo estoy orgulloso de nuestro sistema político”. La comisión de seguridad logró acuerdos diversos. Algunos requieren ley, “como la ley orgánica policial; hicimos acuerdos para modificar el Código Penal, que es de la década del 30; acuerdos para cambiar el Código de Proceso Penal; hay que cambiar cuestiones que permitiran una mejor actuación en las cárceles, para que el excarcelado se integre cuando sale, porque tenemos una altísima tasa de reincidencia. ¿Qué sentido tiene que al que vivió un accidente de tránsito termine en la cárcel? En Uruguay lo que uno pierde es la libertad ambulatoria, pero Uruguay está enfermo de prisión, y es muy frecuente que mucha gente quiere que el preso sufra. Hay mejores soluciones, como por ejemplo la pulsera que monitoree la prisión domiciliaria, ¿por qué no adoptamos ese sistema? Uruguay debe abrirse la cabeza de que la cárcel es donde se tiran los restos humanos, para pensar que a la cárcel se llevan seres humanos. Yo prefiero la misericordia a la justicia. Y hay que saber, y lo digo como abogado defensor de muchos años, que cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa, llegadas las circunstancias. Hay que meter amor para adelante, porque no todo se arregla con la cimitarra”. Orrico concluyó señalando que en el tema de la violencia hay que tomar en cuenta la cantidad de armas. “En Brasil hay un arma cada 20 habitantes, en Buenos Aires hay 700.000 armas, en Estados Unidos hay un arma cada seis habitantes, y en Uruguay hay un arma cada tres habitantes”. Robert Silva El doctor Robert Silva, que habló en nombre del Partido Colorado sobre el acuerdo multipartidario sobre educación, dijo que en primer lugar “se acordó en torno a la educación de la primera infancia e inicial, para atender el tramo de 0 a 5 años y en especial de 0 a 2, en especial los de sectores socioeconómicos más rezagados. Se acordó la cobertura a todos los niños bajo la línea de pobreza, acordando con todos los organismos, extendiendo los planes CAIF y otras modalidades. Se acordó la incorporación plena de niños de 4 y 5 años, lo que hizo Germán Rama al frente de la Anep en el período 1995-2000, cuando se incorporaron 90.000 niños al sistema, y se construyeron más de 1000 aulas, tema que hoy está instalado y genera consenso. A su vez se acordó la formación docente en esta área, porque no hay la oferta suficiente. El objetivo es tener un educador cada15 niños de tres años”. Respecto a la educación primaria, hubo acuerdo “en que debe seguir siendo un ejemplo a nivel mundial. Una vez lograda la cobertura total, debe mejorar la calidad, la pertinencia de los aprendizajes. Se evaluó ampliar la escuela de tiempo completo, lo que comenzó también en la gestión de Germán Rama, y por suerte ahora esto se acordó y se amplió. Hoy queremos llegar a 300 escuelas de tiempo completo, para los niños en situación de pobreza. A su vez se quiere bajar la repetición hasta el 10%; continuar con el Plan Ceibal, pero que no quede solo con la entrega de laptops, sino acompañado de propuestas pedagógicas, donde el laptop sea un instrumetno como en su momento lo fue el pizarrón y la tiza”. Otro punto clave del acuerdo fue “el de la segunda lengua, no hay una política de segunda lengua en Primaria, hay experiencias aisladas. Es un debe de la educación pública”. Respecto a la educación media básica, “de los niños de 15 años, sólo el 70% asiste a la educación, 30% está fuera. A su vez la repetición es muy elevada, 32% en primer año, 31% en segundo año y 33% en tercero. El objetivo es llegar a centros educativos con 600 alumnos, con grupos de 30 alumnos por clase. Hay que hacer centros educativos barriales, donde el docente conozca al alumno. Deben construirse 58 centros educativos para la totalidad de los adolescentes entre 12 y 15 años”.Se acordó la creación de “un nuevo modelo de centro, en algunos casos con horario extendido en el liceo, o sea emular lo que se hizo con las escuelas de tiempo completo. Se lograron acuerdos en torno a la posibilidad de enseñar por áreas, lo que en Uruguay todavía es una mala palabra, y en el mundo no es así, porque acá se practica el asignaturismo, pero la comisión acordó revisar esto”. La comisión entendió que “la formación y capacitación docente es clave, es clave tener docentes de calidad. Se entendió que es fundamental fortalecer los equipos de dirección de los centros educativos, con capatiación. Se acordó propiciar la evaluación interna, con un instituto especializado, y compararnos a nivel internacional. PISA demuestra que en América no estamos mal, pero estamos muy mal en el mundo desarrollado”. Respecto a la educación media superior, “tenemos tasas muy bajas. Europa tiene egresos del 85%, y nosotros del 35%. Los escandinavos tiene egresos del 90%”. Se acordó asimismo vincular el estudio al mundo del trabajo, con pasantías. Se acordó que deben “ampliarse los bachilleratos tecnológicos, que también se crearon en la adminsitraicón del 1995-2000, que continúan. Basta ver el Gallito Luis para comprobar que piden egresados de estos bachilleratos, y eso lo logró la vieja UTU, a partir del año 95. El documento pretende una cobertura universal de bachillerato para el 2030, o sea, quien quiera hacerlo, que lo pueda hacer. Hoy hay larguísimas colas de gente que quiere inscribirse y no tiene cupos”. Respecto a la formación y carrera docente, señaló Robert Silva, “hoy se asciende por edad, por antigüedad. Debe transformarse la carrera docente, con capacitación y valorando la capacitación. Debe evaluarse y premiarse la permanencia en el centro educativo. Otro debe es que la formación docente en Uruguay no tiene rango universitario”. En cuanto a la gestión de la ANEP , los aspectos de la comisión fueron la descentralización y mayores atribuciones; la reformulación de oficinas centrales y el gobierno electrónico; la política de transparencia y rendición de cuentas; la política de gestión de recursos humanos no docentes; estrategias de calidad en la administración; fortalecimiento del vínculo entre centro docente y las familias; función inspectiva que acompañe el desarrollo del centro y de los docentes”.Respecto a la educación terciaria, la comisión trató y logró acuerdos en la descentralización, disminuyendo asimetrías e inequidades socioeconómicas y territoriales; la promoción de la calidad y de la investigación; la promoción y aseguramiento de la calidad de la educación creando una agencia independiente, de creación consensuada; revertir la asimetría de la matrícula universitaria, atendiendo las necesidades de la sociedad; un nuevo ente autónomo para carreras terciarias tecnológicas; la incorporación de las TICs y mejora de la gestión y la actualización de la Ley orgánica de la UDELAR. Sobre la Ley de educación Nº 18.437, la comisión interpartidaria logró acuerdos en torno a complementar el concepto de laicidad establecido en el art. 17, establecer un plazo de convocatoria del Congreso Nacional de Educación, revisión de la integración de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación, análisis de la integración, naturaleza y cometidos de la Comisión Nacional de Educación y la creación de nuevos entes autónomos.A modo de conclusiones, Robert Silva dijo que hubo “coincidencias generales respecto de lo que requiere la educación del país, destacando:
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